Llega Samuel García a 10 leyes vetadas
Por: Jorge Maldonado Díaz
Durante su primer año de Gobierno, Samuel García Sepúlveda lleva la misma línea del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, el veto a las leyes y decretos aprobados por el Congreso Local.
La disputa contra los diputados es algo que ambos mandatarios han tenido que cargar por no ponerse de acuerdo.
En su primer año de llevar las riendas de Nuevo León, García Sepúlveda lleva hasta el momento 10 leyes vetadas.
Mientras que el Bronco durante su sexenio consumió un total de 78 vetos, tras esa ardua lucha que siempre lo caracterizo contra al Poder Legislativo.
Cabe destacar que el numero de reformas que no aprobaría el mandatario estatal incrementarían antes de que culmine el 2022.
Ya que recientemente las bancadas mayoritarios del PAN, PRI e Independiente aprobaron leyes que seguramente no le gustaran al ejecutivo y se prevé que estas también puedan ser regresadas al legislativo con observaciones.
El primer veto que ejerció como Gobernador del Estado, Samuel García fue el 27 de mayo del 2022 a la Ley de Patrimonio Cultural que daba ese estatus a las peleas de gallos y las corridas de toros.
La segunda ley que frenó fue a Ley de Adquisiciones la cual establecía un régimen de excepción a los procesos de licitación pública.
Posteriormente, el mandatario estatal se inconformó con la Ley de Movilidad del Estado y la vetó por presuntamente afectar a los municipios con la construcción de ciclovías.
Posteriormente hizo lo mismo con la ley que crea el Centro de Estudios Económicos y el 28 de noviembre entrego el quinto veto a la Ley de Hacienda, con las que el Congreso pretendía nombrar al titular de la SAT de Nuevo León.
El sexto veto fue a la Ley de Coordinación Hacendaria con el que se pretendía aumentar un 10% las partidas presupuestales a los municipios y que propone subir de 20 a 30% por ciento los fondos federales para los 51 ayuntamientos de Nuevo León.
La sexta y séptima reforma que rechazo el mandatario estatal fue a la Ley de Agua y Drenaje en relación a que el representante de los usuarios de la paraestatal sea asignado por el Congreso y la Ley de Coordinación Hacendaria, en relación a la administración de las participaciones y aportaciones federales, en donde se sancionaría al Tesorero Estatal en caso de “jinetear” los recursos.
El noveno y decimo veto fueron a la Ley dos vetos más a la Ley de Seguridad y a la Ley de Víctimas del estado, argumentando que desconoce de dónde sacaría los recursos para un fondo económico que apoyaría a los familiares de policías estatales y municipales caídos en cumplimiento de sus labores.
