Ordena PJE a Samuel García enviar paquete completo
Por: Jorge Maldonado Díaz
El Poder Judicial del Estado le otorgó al Congreso local una suspensión y ordenó al Gobernador Samuel García presentar de inmediato su propuesta de Ley de Egresos para el 2023.
Lo anterior a fin de que el Legislativo pueda analizarlo y dictaminarlo y no se cause un daño irreparable al Estado.
En la resolución, que se deriva de la controversia de inconstitucionalidad 4/2022 establece que no puede aplicarse en el 2023 la Ley de Egresos del año en curso, como pretende el Gobernador.
En el recurso jurídico que interpuso Mauro Guerra Villarreal, presidente de la Mesa Directiva y del Congreso del Estado se señala que Samuel García Sepúlveda, Gobernador del Estado y el Tesorero estatal, Carlos Garza, no pueden ser omisos en la presentación de una iniciativa.
Dentro del expediente de la Controversia de Inconstitucionalidad 04/2022 se concedió
una suspensión que fue notificada el día de hoy y que obliga a las autoridades a que cesen los actos de omisión por parte del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y de inmediato presente el Presupuesto de Egresos para el año 2023, acorde a lo dispuesto por el artículo 125, fracción XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León”.
“Cesen los actos de omisión por parte del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, y de inmediato presente el anteproyecto del
presupuesto de Egresos para el año 2023, acorde a lo dispuesto por el articulo 125, fracción XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; y artículos 1, 2, 4, 18, inciso A), fracción III, 24, fracciones II y XXXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León”.
Además, en la resolución se apercibe de que, de no cumplir con la medida, se pondrá en
riesgo la gobernabilidad y Estado de Derecho del Estado de Nuevo León, ante la imposibilidad constitucional de aplicar el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal para el año 2022.
Las medidas ordenadas por la autoridad judicial al Gobernador y al Tesorero deben
cumplirse en los términos que fueron dictadas, independientemente del adelanto o
extensión del periodo vacacional de la Administración Pública Estatal o de otras medidas
adoptadas que han trastornado el funcionamiento de las dependencias estatales y los
servicios que debieran estar prestando a la ciudadanía.
Con esta suspensión se garantiza que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación
constitucional de transparentar y dar certeza al gasto público de más de 130 mil millones
de pesos para el 2023, obligación que hasta el día de hoy ha evadido, a pesar de que la
Constitución Local señala el día 20 de noviembre como fecha límite para presentar al
Congreso del Estado el Presupuesto de Egresos del año siguiente.
