Exhortan a la Secretaría de Educación para evitar que se cobren cuotas escolares
Por: Osvaldo Díaz
Para que vigilen y evite que se cobren cuotas escolares de ingreso en los planteles educativos de Nuevo León ante el regreso a clases, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local, presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Educación Pública Federal.
El coordinador de la fracción del partido naranja, Eduardo Gaona Domínguez pidió congruencia con el principio de gratuidad en la educación básica para que de esta manera no se afecta la economía de las familias.
El legislador indicó que, según cifras oficiales, se espera que a nivel local regresen a las escuelas de educación básica aproximadamente un millón 062 mil 025 estudiantes.
Señaló que debido al aumento de la inflación en México, cualquier cobro en los planteles educativos por ingreso afectaría el bolsillo de los jefes de familia.
“Es evidente que las familias neolonesas están ante una situación donde deben cuidar sus ingresos y priorizarlos para su alimentación y necesidades básicas”, dijo el legislador.
“Esta alza de precios también impacta en los útiles escolares y uniformes, se ha informado por diferentes medios de comunicación que existe un incremento del 20 por ciento en este tipo de artículos”.
El Diputado destacó que la gratuidad de la educación básica es un derecho establecido en la Constitución, por lo que es uno de los derechos humanos que se deben de priorizar en México.
Es por eso que cualquier cobro por ingresar a los planteles educativos sería ilegal, detalló el Coordinador.
“Cada ciclo escolar miles de familias se enfrentan ante la difícil situación de pagar cuotas escolares que son evidentemente ilegales y que no tienen ningún fundamento legal”, comentó Gaona.
“A pesar de esta prohibición expresa, muchas escuelas y planteles educativos siguen manipulando y condicionando la prestación de servicios educativos a cambio de cuotas de ingreso”.
Incluso, enfatizó que, a nivel local, el artículo 5 de la Ley de Educación estatal indica que “se prohíbe a todo el personal de las escuelas públicas, donde se imparta la educación preescolar, primaria, secundaria, y media superior, imponer a los padres de familia, madres de familia o tutores de los educandos, el pago de cualquier contraprestación o cuota obligatoria que impida o condicione la prestación del servicio educativo”.
