SAT incluye a 48 contribuyentes en ‘lista negra’ de empresas fantasma
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) añadió 48 nombres más al listado de empresas fantasma, mismas que se encuentran en los sectores de construcción, logística, consultoría, marketing, así como despachos de contadores, comercializadoras, recicladoras, entre otras.La dependencia federal informó que dichos contribuyentes no aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción de emisores de facturas, con el propósito de respaldar operaciones simuladas.
En el listado definitivo se encuentran 10 mil 827 contribuyentes. El SAT señalo que “los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno”.
Lo anterior, por ser “de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones”.
Se trata de empresas y personas físicas que se dedican a la venta de papelería, siembra, cultivo y cosecha de maíz de grano, cría y engorda de vacas, reses o novillos para venta de su carne en Jalisco.
De suministro de personal permanente en Ahome, Sinaloa; comercio al por mayor defrutas y verduras frescas en Nuevo Parangaricutiro,
Michoacán; comercio al por mayor de madera y equipo de material eléctrico en Taxco, Guerrero y otros servicios de suministro de información en Guadalajara, Jalisco.
También una agencia de colocación en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México; otros trabajos de especializados para la construcción en Coatzacoalcos, Veracruz; otros servicios de apoyo a los negocios en Guadalupe, Nuevo León, construcción de naves y plantas industriales en Zumpango, Estado de México.
De acuerdo con la ley, el SAT debe publicar un listado de presunción tanto en su página de internet como en DOF. Una vez publicado, notifica individualmente a los contribuyentes, con el fin de que puedan presentar pruebas en su defensa. De no hacerlo, la legislación dispone la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en un listado.
