Denuncian alzas de hasta 70% en tarifas de agua y presentan acción colectiva contra AyD

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Ante incrementos de hasta 70 por ciento en los recibos de agua para uso doméstico, el Grupo de las Seis presentó una acción colectiva contra Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) y diversas autoridades estatales, al considerar que los ajustes aplicados desde 2021 han superado la inflación.

La demanda fue interpuesta el viernes 9 de octubre ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial Federal en Nuevo León, con el respaldo de documentación aportada por 37 usuarios, entre ella identificaciones, recibos mensuales y análisis de los cobros.

El recurso legal señala al organismo operador, a su director general, Eduardo Ortegón Williamson; al Consejo de Administración, al gobernador Samuel García Sepúlveda, en su calidad de presidente de dicho consejo, y al Congreso local.

Las promoventes cuestionan la fórmula utilizada para actualizar las tarifas domésticas, al considerar que no permite a los usuarios conocer con claridad cómo se determinan los aumentos.

El colectivo, integrado por Gabriela De la Paz Meléndez, Liliana Flores Benavides, María Elena Assad Canavati y Rebeca Clouthier Carrillo, argumenta que el acceso al agua es un derecho humano y que su costo debe mantenerse dentro de parámetros asequibles para las familias.

Entre las medidas solicitadas al juez se encuentran declarar ilegales e inconstitucionales los incrementos que excedan la inflación acumulada, limitar futuros ajustes a ese indicador mientras se resuelve el caso, así como devolver o acreditar los cobros que resulten excedentes.

También piden modificar la fórmula tarifaria para hacerla pública y verificable, además de obligar a Agua y Drenaje a explicar mensualmente, en términos sencillos, los factores que determinan las actualizaciones.

La acción colectiva busca que se revisen los incrementos aplicados a los usuarios domésticos y se establezcan mecanismos de mayor transparencia en la determinación de las tarifas de este servicio esencial.

Las solicitudes forman parte de las pretensiones legales del colectivo y corresponderá a las autoridades judiciales determinar su procedencia.

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