Vinculan a proceso a tres personas por despojo de vivienda en Apodaca; dos irán a prisión preventiva
Tres personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en el delito de despojo de inmueble, luego de que un juez considerara que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.
Se trata de Jorge “N”, de 66 años; Adriana “N”, de 42; y Dominga “N”, de 68, quienes enfrentan cargos relacionados con la ocupación ilegal de una vivienda en el municipio de Apodaca.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba que apuntan a la posible responsabilidad de los imputados en los hechos denunciados. Tras analizarlos, el juez resolvió dictar auto de vinculación a proceso.
Como parte de las medidas cautelares, Jorge “N” y Adriana “N” permanecerán en prisión preventiva, al considerar riesgos para la víctima, testigos y el desarrollo de la investigación. En tanto, Dominga “N” deberá firmar periódicamente ante la autoridad y tiene prohibido acercarse a la afectada o al inmueble en disputa.
De acuerdo con las investigaciones, el conflicto se remonta a una propiedad ubicada en el fraccionamiento San Javier, en Apodaca. La víctima, una mujer cuya identidad permanece resguardada, habría adquirido el inmueble en 2014 mediante un contrato de compraventa con Dominga “N”.
Sin embargo, el pasado 17 de marzo de 2026, la situación cambió cuando, aprovechando la ausencia temporal de la propietaria, los ahora imputados ingresaron al domicilio presuntamente tras forzar accesos. Al regresar, la víctima encontró bloqueado el ingreso a su vivienda por varias personas, entre ellas los acusados.
El caso también ha llamado la atención por un cateo realizado días atrás en un inmueble de Monterrey, donde presuntamente operaba un grupo que se hacía pasar por una organización vinculada a derechos humanos, utilizando imágenes y distintivos sin autorización oficial.
Las detenciones de Jorge “N” y Adriana “N” se llevaron a cabo en la colonia Del Vidrio, en Monterrey, mientras que Dominga “N” fue localizada en Apodaca.
El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades continuarán recabando pruebas para fortalecer el caso.
