Nuevo León crea Registro Estatal de Deudores Alimentarios para sancionar a padres que incumplan con sus hijos
El Gobierno de Nuevo León dio un nuevo paso en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con la creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios, una medida que busca visibilizar y sancionar a quienes incumplen con sus obligaciones familiares.
El decreto fue presentado por el gobernador Samuel García Sepúlveda y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, en el Salón Juárez del Palacio de Gobierno. Con este registro, quienes adeuden pensiones alimenticias enfrentarán diversas restricciones legales y sociales hasta cumplir con sus responsabilidades.
Entre las sanciones destacan:
No podrán obtener o renovar licencia de conducir.
No podrán casarse por el civil ni adoptar.
No podrán aspirar a cargos judiciales ni participar en elecciones o designaciones públicas.
Además, cualquier funcionario o persona que intente proteger a un deudor podría ser sancionada, y las restricciones se mantendrán hasta que el responsable cumpla con sus obligaciones alimentarias.
El gobernador Samuel García advirtió que el Estado actuará con firmeza:
“Les va a salir muy caro ser irresponsables. Ese padre que abandona a sus hijos para gastar en lujos o tonterías, lo vamos a quebrar socialmente”, expresó.
Por su parte, Mariana Rodríguez subrayó que esta medida no busca castigar, sino proteger y generar conciencia sobre la paternidad responsable.
“En Nuevo León ya no vamos a permitir que el abandono sea invisible. La paternidad es un acto de responsabilidad y de amor”, señaló.
La secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan Ortega, destacó que el derecho a los alimentos es esencial para garantizar una vida digna a las infancias, ya que incluye no solo comida, sino también vivienda, educación, salud y recreación.
El nuevo registro se suma a otras acciones implementadas por el Gobierno estatal, como los registros de agresores sexuales y violentadores familiares, así como la Ley 3 de 3 contra la violencia, que impide ocupar cargos públicos a quienes tengan antecedentes de violencia o incumplimiento de pensión.
Con esta medida, el Estado busca fortalecer la justicia familiar y garantizar que ningún menor en Nuevo León quede desprotegido por la irresponsabilidad de los adultos.
