Invierten más de 1,500 millones de pesos en modernización de penales en Nuevo León
Con una inversión que supera los mil 500 millones de pesos en tres años, el Gobierno de Nuevo León ha apostado por transformar su sistema penitenciario, uno de los más señalados históricamente por hacinamiento, autogobierno y control criminal interno.
La estrategia fue expuesta por el gobernador Samuel García Sepúlveda durante un recorrido por el Centro de Reinserción Social Número 2 Norte, en el municipio de Apodaca, donde también encabezó una sesión de la Mesa de Seguridad Estatal.
De acuerdo con el mandatario, el plan ha permitido disminuir la sobrepoblación en los centros penitenciarios, donde en años anteriores se reportaban hasta 17 personas por celda. Hoy, afirmó, existe mayor disponibilidad de espacio y el control operativo está a cargo de Fuerza Civil, la corporación estatal de seguridad.
El anuncio coincidió con la presencia de integrantes de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, quienes sesionan esta semana en la entidad.
A pesar del optimismo gubernamental, expertos en derechos humanos y organizaciones civiles han advertido que la inversión en infraestructura, aunque necesaria, no resuelve por sí sola los problemas estructurales del sistema penitenciario: la reinserción social efectiva, la atención médica adecuada, la sobrecarga del personal y la falta de programas sostenibles para la vida post penitenciaria.
García Sepúlveda adelantó que su administración destinará otros mil 500 millones de pesos en los próximos tres años, con la intención de consolidar los avances y mantener bajo control a los centros de reclusión.
En el terreno de la seguridad, el gobernador señaló que julio ha sido el mejor mes de los últimos diez años en términos de homicidios per cápita. Incluso, citó datos de la conferencia presidencial matutina en los que se coloca a Nuevo León como el estado con mayor reducción de delitos a nivel nacional, bajando del cuarto al lugar 21 en incidencia delictiva.
Sin embargo, críticos apuntan que la falta de datos desagregados y de evaluaciones independientes impide valorar con precisión el impacto real de estas medidas.
Mientras tanto, en los penales de Nuevo León, miles de personas privadas de la libertad siguen a la espera de un modelo penitenciario que, más allá de las cifras y el concreto, logre transformar sus vidas desde el respeto a sus derechos y la posibilidad de una reintegración real a la sociedad.
