Reinstitución de la pena de muerte en EU complica al caso de “El Mayo Zambada «

WASHINGTON (apro). – Pam Bondi, la nueva procuradora General de Justicia de Estados Unidos, firmó esta semana la orden de restablecer la pena de muerte por delitos federales, complicando de inmediato el caso del narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada García.

En la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, hasta antes de que Donald Trump volviera a asumir la presidencia de Estados Unidos, el Departamento de Justicia presentó ante el juez Brian Cogan, la alternativa de buscar la pena de muerte para “El Mayo” si en un juicio fuera declarado culpable de los delitos que le achacan.

Zambada García, el capo de capos del Cártel de Sinaloa, está acusado de conspiración para trasegar drogas ilícitas a Estados Unidos, lavado de dinero y de “asesinato de ciudadanos estadunidenses” por medio de la exportación de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo.

La acusación de asesinato múltiple de estadunidenses que sucumbieron a una sobredosis con enervantes sintéticos fabricados con fentanilo es el delito federal que conllevaría al castigo de pena capital para “El Mayo”.

Tras asumir el puesto de fiscal general de Estados Unidos, Bondi eliminó la suspensión del uso de la pena de muerte instrumentada por el expresidente Joe Biden, por lo que los fiscales del caso de “El Mayo “tendrían que cumplir con el mandato de su nueva jefa.

“Estas acciones socavan severamente a la aplicación de la ley y dañan gravemente la confianza del público en el sistema judicial”, escribió Bondi en la orden para reinstituir la pena de muerte como castigo a criminales que cometan delitos federales severos.

Bondi instruyó a los fiscales del Departamento de Justicia solicitar la condena de pena de muerte para los líderes de cárteles del narcotráfico y de pandillas transnacionales, para quienes asesinen a policías, jueces, fiscales y para inmigrantes indocumentados responsables de homicidios.

Para el caso de “El Mayo”, el año pasado semanas antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, los fiscales del Departamento de Justicia le pidieron Cogan ponderar como posibilidad de castigo al acusado y, en caso de que fuera declarado culpable en un juicio, la pena capital.

Bajo la orden de Bondi, “El Mayo” Zambada de ser sometido a juicio y ser declarado culpable por un jurado calificador podría ser condenado a la pena de muerte por dos razones: la primera, por presuntamente cometer el asesinato múltiple de estadunidenses por medio de los opioides.

Segundo, porque el narco mexicano quedó vulnerable ante la pena capital al no haber sido extraditado a los Estados Unidos por el gobierno de México por medio del acuerdo bilateral.

“El Mayo”, junto al traficante de drogas Joaquín Guzmán López, llegaron en un avión privado al aeropuerto municipal de Santa Teresa, Nuevo México, el pasado 25 de julio, en donde fueron detenidos por agentes federales estadunidenses inmediatamente después de aterrizar.

La inmunidad de Zambada García ante una posible condena de muerte se la hubiera otorgado el acuerdo bilateral de extradición entre México y Estados Unidos, que por condición mexicana establece que a ningún connacional entregado se le castigue con el patíbulo de la muerte.

Un caso de protección ante la posibilidad de ser ejecutado en la silla eléctrica o por medio de una inyección con químicos letales, fue el del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, sentenciado por Cogan a cadena perpetua más 30 años de cárcel.

Frank Perez, abogado de “El Mayo” Zambada, tiene ahora una tarea más complicada en la defensa de su cliente por la directriz firmada esta semana por la procuradora General de Justicia de Estados Unidos.

En la última audiencia de procedimiento ante Cogan celebrada apenas unos días antes de la segunda ascensión presidencial de Trump, los fiscales informaron que estaban negociando un acuerdo de cooperación con el capo de capos del Cártel de Sinaloa.

Hasta ese momento los fiscales buscaban que “El Mayo” se declarara culpable de los delitos federales que le achacan, con lo que podría convertirse en testigo protegido del Departamento de Justicia para pasar unos cuantos años en la cárcel y posteriormente quedar en libertad.

Con el estatuto de testigo protegido, Zambada García tendría que entregar a los fiscales los nombres de quienes con él estuvieron y siguen involucrados en el narcotráfico en México, además del nombre de funcionarios, exfuncionarios, políticos, expolíticos, gobernadores, exgobernadores, militares, exmilitares, policías y expolícias a todos los niveles del gobierno mexicano corrompidos con dinero de las drogas.

Perez busca, primero, resolver el asunto de la condena de muerte como castigo a su defendido, antes de permitirle que llegue a un acuerdo.

Aunque “El Mayo” es un diamante en bruto que los fiscales federales podrían pulir con un acuerdo de cooperación para abrir el cofre de la narco corrupción en México desde la década de los 80’s del siglo pasado, la orden de su jefa podría ser ahora un impedimento para ello.

Si por mandato de Trump, Bondi se aferra a que se castigue con la pena de muerte a capos de la talla de “El Mayo”, habrá juicio en Brooklyn y en ese proceso judicial público se podrían escuchar en voz de otros criminales y narcotraficantes, entre otros testigos incriminadores, la larga historia de corrupción gubernamental en México ejercida por el Cártel de Sinaloa, sus antagonistas y competidores en el negocio del narco.

La posibilidad de que bajo el mandato de Bondi el Departamento de Justicia quiera imponer un castigo ejemplar a un capo del narcotráfico cobra relevancia con el caso de “El Mayo” Zambada, sobre todo con la designación de Trump como grupos terroristas a los cárteles mexicanos.

Se podría dar también el caso de que los fiscales lleven una lucha interna en el Departamento de Justicia con la orden de Bondi, porque seguramente no quieren perder la gran oportunidad de oro de que “El Mayo” pueda abrir la caja de pandora de la narco corrupción mexicana.

En la complejidad del proceso judicial del capo de capos del Cártel de Sinaloa, tendrá mayor relevancia informativa y procesal la audiencia ante el juez Cogan calendarizada para el próximo 22 de abril.