Asegura Arturo Salinas que Estado intentó clausurar sus oficinas
El presidente con licencia del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas Garza, denunció un intento de clausura de las oficinas de una empresa de su propiedad ubicada en la Torre Invex, en el edificio Chroma, en el municipio de San Pedro.
Según el relato del recientemente designado por el Congreso local como gobernador interino, alrededor de las 14:00 horas inspectores de la Secretaría del Trabajo, acompañados por elementos de Fuerza Civil, se presentaron en las instalaciones de la empresa sin un citatorio oficial.
Su intención aparente era llevar a cabo una inspección que culminaría con la clausura de las oficinas.
«Estaba en mi otra oficina viendo pendientes de los litigios y me llama la abogada de la empresa inmobiliaria que yo tengo y me avisa que está ahí gente de la Secretaría del Trabajo con Fuerza Civil diciendo que van a clausurar las oficinas», expresó en entrevista Arturo Salinas.
«Nos dijeron que no tenían ningún citatorio, que tenían que hacer una inspección porque tenían que clausurar», puntualizó.
Ante esta situación, Salinas y su equipo se comunicaron vía telefónica con la Fiscalía estatal y, en respuesta, agentes ministeriales acudieron para evitar la clausura.
«Estaban prácticamente de película. Dijeron: ´se van a poner sellos y ustedes se van a quedar adentro y si los violan, es un delito´, en una posición de mucha soberbia», señaló Salinas Garza.
Salinas atribuyó el actuar de los elementos de FC y y de la Secretaría de Trabajo al pleito legal que mantiene desde que fue designado como gobernador interino por el Congreso local, cargo que asumiría el próximo 2 de diciembre.
«No encuentro ninguna otra explicación. La verdad es que somos una empresa que tiene muchos años de operar y no es que estemos abiertos al público. Van dirigidos, hay una intención», planteó.
Este episodio representa la segunda medida de presión que Salinas denuncia desde su toma de protesta como gobernador interino el pasado 25 de octubre.
Anteriormente, manifestó que el Gobierno estatal había aplicado reductores de agua en su casa y en la de sus padres.