Modificarán ley de movilidad
Por: Osvaldo Díaz
Para que el incremento a las tarifas del transporte urbano sin previa autorización sea catalogada como delito, la bancada de Movimiento Ciudadano del Congreso Local modificará la Ley de Movilidad del Estado.
Eduardo Gaona Domínguez, coordinador de la bancada del partido naranja dijo que la propuesta abarca cualquier imposición o modificación al costo del servicio.
El legislador señaló que los únicos autorizados para algún aumento es la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad estatal y no los empresarios del ramo.
De acuerdo con la modificación, se estipula que aquel que incurra en esta irregularidad puede ser acreedor a una sanción penal que oscilaría entre tres a nueve años de prisión, indicó el Diputado.
Lo anterior se da luego de que el pasado jueves, un grupo de concesionarios del transporte elevaron de forma ilegal la tarifa en efectivo en diferentes rutas de camiones.
Ante esta situación, el diputado explicó que, por vulnerar el derecho humano a la movilidad, para futuros casos se busca que los empresarios ya no puedan obtener una nueva concesión para prestar los servicios.
“Las personas físicas o jurídicas que deseen prestar el servicio público de transporte colectivo de pasajeros requerirán de una concesión, cuyo otorgamiento y condiciones son de utilidad pública y de interés general”, dijo.
Asimismo, en caso de una nueva tarifa, Gaona Domínguez detalló que los empresarios estarán obligados a difundirla de forma pública y permanente para el conocimiento de los usuarios.
“Los concesionarios del servicio público de transporte tienen la obligación de informar al usuario las nuevas tarifas mediante su exhibición pública permanente, en lugares visibles de sus vehículos, terminales y bases de rutas”, comentó el Coordinador.
Cabe destacar que, según la Ley, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad estatal cuenta con las facultades para aplicar las debidas sanciones.
Y con la iniciativa que proyecta Gaona, quedaría establecida la afectación directa en el derecho humano a la movilidad en caso de una modificación a las tarifas sin previa autorización de la Junta de Gobierno.
