Revisarán Ley de Educación para realizar ajustes si son requeridos
Por: Osvaldo Díaz
Luego de que Jaime Rodríguez Calderón vetó la nueva Ley de Educación, este lunes el Congreso Local aprobó la realización de mesas de trabajo para revisar las observaciones, realizar los ajustes en caso de ser necesario y volver a presentar la reforma.
La diputada Consuelo Gálvez Contreras al presentar la propuesta ante el pleno resaltó que la intención es que estas reuniones puedan comenzar a partir del 4 de noviembre y culminen el 9 de diciembre.
“Podremos analizar simultáneamente el contenido del veto y analizar el proyecto de decreto de la legislatura pasada, para ofrecer a la autoridad educativa y todos los sectores involucrados, la oportunidad de generar una propuesta consensuada y que pueda ser efectivamente aplicada por el Gobierno Estatal”.
“El proceso por el que debemos retomar el estudio de esta ley no es fácil, ya que no podemos analizar nada que no esté contenido como observación dentro del veto del Ejecutivo, pues esta es una de las limitaciones que existen dentro del proceso legislativo vigente”.
Cabe señalar que, la Ley de Educación fue puesta a consideración en el Pleno el 20 de julio de 2020, en un ejercicio que incluyó a las autoridades educativas, maestros, académicos, padres de familia, diputados y sociedad en general.
Pero el 4 de agosto, el Ejecutivo del Estado presentó observaciones al decreto por el que se expedía la Ley de Educación del Estado.
La coordinadora del Partido Nueva Alianza señaló que en las mesas de trabajo será necesaria la participación de la actual administración estatal, para poder hacerle los ajustes necesarios.
“Aún no conocemos si la actual administración estatal comparte las razones del veto ni sabemos si tiene conocimiento del contenido decreto observado”.
“Sería un acto irresponsable forzar la publicación de la ley sin saber si se ajustará a la estrategia que la Secretaría de Educación implementará durante este sexenio”, dijo la diputada.
Dentro de las mesas de trabajo, los legisladores tienen contemplado la participación de las autoridades educativas del sector público y privado.
Así como a organizaciones civiles y a los padres de familia que mucho podrían aportar a la reforma.
