Proponen diferir gastos estatales para reactivar economías locales

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  • Ello permitirá enfrentar los daños económicos causados por la pandemia del coronavirus, asegura el diputado Daniel Gutiérrez.

     

    El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, de Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 31 y 32, y adicionar un artículo transitorio a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con el objetivo de aplazar el pago de gastos públicos en salud, protección civil y seguridad y los destinen a reactivar sus economías para generar empleos, y así enfrentar los daños económicos causados por el Covid-19.

     

    El legislador adelantó, en su propuesta, que una vez que el entorno económico nacional e internacional vuelva a la normalidad, los gobiernos locales deberán pagar la deuda que hayan adquirido durante la emergencia sanitaria.

     

    Recordó que el Gobierno Federal replanteó los Pre-Criterios Generales de Política Económica para reducir los ingresos federales en 5.3 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación; y una disminución del 8.9 por ciento de las Participaciones Federales del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

     

    Por esas causas, dijo, los gobiernos estatales y municipales han tenido que efectuar gastos extraordinarios en los rubros de salud, protección civil, seguridad y economía, lo que ha deteriorado el balance presupuestario de sus recursos disponibles.

     

    Ante ello, expuso, los gobiernos locales han tenido que hacer uso de la herramienta de endeudamiento de corto plazo, debido a que el gasto extraordinario se concentra en consumo operativo.

                             

    El diputado Gutiérrez reconoció la situación complicada que atraviesa la economía nacional a causa de la emergencia sanitaria, por lo que es prioritario impulsar la economía de las entidades federativas para la generación de empleos que urgen a la población.

     

    La iniciativa fue turnada, para estudio y dictamen, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

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