Promueven legislación para atender y erradicar desplazamiento forzado interno
- Se necesitan políticas públicas con un enfoque claro de derechos humanos que atiendan las causas de esa práctica nociva, afirman legisladores sin grupo.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria y los diputados Lucía Riojas Martínez y Carlos Alberto Morales Vázquez (todos sin Grupo Parlamentario), plantearon adicionar un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, para que el Congreso de la Unión legisle en materia de desplazamiento forzado interno.
En la Iniciativa, los legisladores indicaron que legislar en la materia permitirá prevenir, atender y erradicar esa práctica nociva, lo cual generará políticas públicas con un enfoque claro de derechos humanos.
Señalaron que México no cuenta con una legislación al respecto, por lo que es prioritario emitir una ley reglamentaria que incluya las normas que deben aplicarse de manera directa sobre ese problema.
Se requiere una norma que establezca los parámetros jurídicos para prevenir, atender, erradicar y establecer soluciones duraderas para atender las causas que provocan el desplazamiento interno forzado en el territorio nacional, enfatizaron.
Afirmaron que durante muchos años las víctimas de ese delito han sido ignoradas, por lo que es incorporar en el orden jurídico mexicano su protección y defensa en cumplimiento de los principios y obligaciones establecidas en el artículo 1° de la Constitución Política.
Insistieron en su propuesta que se debe propiciar una política pública que reconozca la problemática y se generen acciones efectivas para atender y evitar las causas de violencia que obligan a las personas abandonar sus lugares de origen o residencia habitual.
El objetivo, subrayaron, es proteger y ofrecer asistencia humanitaria a la población bajo esas condiciones, a efecto de garantizar y salvaguardar la dignidad humana.
En la actual circunstancia, apuntaron, se coloca a las víctimas de desplazamiento en una situación de desatención y orfandad institucional permanente que obstaculiza la construcción de un Estado social y democrático de derecho.
La iniciativa fue turnada de manera directa, para estudio y dictamen, a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores.
